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La batalla judicial que benefició al “Cuini” y al CJNG

El segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación ha burlado al Estado y ha capitalizado errores para ganar litigios

  • MARCOS MUEDANO
  • 31/07/2019
  • 20:30 hrs
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La batalla judicial que benefició al “Cuini” y al CJNG
“La justicia no está hecha para los pobres”, el estandarte del "Cuini". (Especial)

En los pasillos de juzgados y tribunales locales y federales de las 32 entidades federativas del país, un refrán a voces ha dictado por décadas una realidad en las prisiones de México: “la justicia no está hecha para los pobres”.

Ese adagio es el estandarte que Abigael González Valencia, “El Cuini”, líder del Cártel de “Los Cuinis” y segundo al mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha utilizado para burlarse del Estado y de su lucha contra las drogas a través de un ejército de abogados que le ha permitido ganar litigios gracias a los errores y mandamientos de autoridades federales y del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Una investigación de LA SILLA ROTA mostrará a la opinión pública la batalla legal emprendida por Abigael González Valencia desde que fue detenido el 28 de febrero de 2015, en Puerto Vallarta, Jalisco, hasta el momento de evitar su extradición a los Estados Unidos, así como lograr ser trasladado al Reclusorio Norte, ubicado en la colonia Cuautepec, alcaldía de Gustavo A. Madero, donde días antes de ser reubicado (15 de febrero de 2019), el CJNG difundió, a través de un vídeo en redes sociales (11 de febrero de 2019), su llegada a la misma zona donde hasta el pasado 27 de julio permaneció recluido “El Cuini”.

PRIMERA DE TRES ENTREGAS

EL ORIUNDO DE AGUILILLA

Cientos son las historias que se han escrito sobre la vida de Abigael González Valencia, sin embargo, los que lo conocen, aseguran que detrás de "El Cuini" emerge la sombra de Ignacio Coronel Villarreal, "Nacho Coronel", abatido el 29 de julio de 2010 en Zapopan, Jalisco.

Los expedientes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del  Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) describen a Abigael como un narcotraficante frío y callado, oriundo de Aguililla, Michoacán, donde en 2013 el Ejército, Marina, Policía Federal, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad (Cisen) instalaron una base de operaciones en coordinación con las autodefensas y el Cártel de los H-3 para "derrocar" a Los Caballeros Templarios.

El árbol genealógico de Abigael, elaborado por la DEA y el DOJ, menciona que el capo pertenece a una familia de productores de aguacate que optó, en la década de 1980, por la siembra y cosecha de mariguana y amapola.

El negocio daría frutos a la familia en 1999, al surgir “Los Cuinis”, grupo predecesor del Cártel del Milenio. La investigación del gobierno de Estados Unidos menciona que Abigael González Valencia fue el “administrador, organizador y líder principal de la empresa” que lleva el apodo con el que es identificado en el mundo del narcotráfico.

“Los Cuinis” y el Cártel de Los Valencia formaron alianzas con los hermanos Amezcua de Colima, pioneros en la producción y exportación de drogas sintéticas. La unión con “Los Amezcua” los llevó a disputar el estado de Michoacán a los cárteles del Golfo, Los Zetas y La Familia Michoacana.

Años después (2009), “Los Cuinis” y Los Valencia aprovecharon la escisión de integrantes del Cártel del Pacífico para formar el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el apoyo de "Nacho Coronel", la puerta que los llevó a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo.

A principios de 2010 Abigael González Valencia era desconocido para las autoridades mexicanas, pero para el gobierno de Estados Unidos, no. El expediente que comenzaron a integrar la DEA y el DOJ en el 2000, en contra de "El Cuini", cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG, incluye el tráfico de “miles” de toneladas de drogas a los Estados Unidos, su relación con la mafia ecuatoriana, colombiana, así como con grupos guerrilleros.

 

El currículum de Abigael González que llegó a los escritorios de los directores de la DEA y el DOJ originó que el 13 de marzo de 2014 la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia solicitará su detención por tres cargos en su contra:

A) Involucrarse en una empresa criminal continua.

B) Asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina, a sabiendas y con la intención de que dichas sustancias fueran importadas ilegalmente a los Estados Unidos de América desde un lugar en el extranjero.

C) Uso, portación y por blandir un arma de fuego durante y con relación a uno o más delitos contra la salud y por poseer un arma de fuego con el fin de fomentar dichas actividades de tráfico de droga.

Nueve meses después, el 19 de diciembre de 2014, el gobierno norteamericano envió la nota diplomática 14-4105 a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México en la que la solicitaba la detención provisional con fines de extradición de Abigael González Valencia, identificado con los alías de “El Jefe”, “El Cuini”, “Cachetes”, “Luis Ángel Gómez Flores” o “Jonathan Paul Tak-Toledo”.

En ese momento la suerte del narcotraficante que por años logró burlar y ser invisible para los órganos de “inteligencia” durante los sexenios de Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, estaba en el aire.

Abigael continuó moviéndose con precaución por territorio nacional y algunos países de Sudamérica durante los siguientes 46 días. Sin embargo, el 28 de febrero de 2015 fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco junto con cuatro personas más, entre ellas, dos colombianos y un venezolano. La suerte estaba echada, y con el ello, el inicio de una guerra en los tribunales.

LA CARTA AL PROCURADOR

Después de ser capturado en febrero de 2015 por elementos de la Secretaría de Marina (Semar)

Abigael González Valencia fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Sus abogados comenzaron una batalla legal en juzgados y tribunales de diferentes estados del país para lograr su liberación y disminuir las medidas de seguridad para su cliente. Tres de los recursos que tramitó su defensa fueron para evitar que Abigael estuviera en una zona de “tratamientos especiales”, no permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 14, en Gómez Palacio, Durango, así como dormir en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Abigael comenzó la batalla argumentando que, sin motivo alguno, era trasladado de un penal federal a otro, lo que violaba sus derechos humanos. Su petición llegó al escritorio del ex Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, a través de una carta fechada el 27 de septiembre de 2017 y firmada por el propio “Cuini” con el asunto: “Solicitud de traslado”.

“Sea abandonado el criterio de internamiento del suscrito en un Centro Federal de Reclusión por no existir razones ni fundamentos en que se motive tal circunstancia y menos aún para mantenerme en un área de tratamientos especiales como en la que se me ha venido manteniendo, ordenando la remoción del suscrito al Centro Preventivo y de Readaptación Varonil Norte que es el que conforme a estricto derecho debiera estar inserto durante la temporalidad que debe de enfrentar el proceso de extradición multiseñalado y no como de origen fue ilegal e inconstitucional peticionado y ordenado”.

La carta argumenta que al no existir “razones fácticas y fundamentos jurídicos aplicables” para mantenerlo internado en el penal del Altiplano, era necesario que “se reconsidere la inserción del suscrito en el Centro Preventivo y de Readaptación Varonil Norte de la Ciudad de México, que es el que en estricto e inalienable derecho me correspondería para enfrentar el proceso federal con fines de extradición”.

La petición fue rechazada a través de un oficio escrito por el entonces director General de Procedimientos Internacionales de la PGR, José Manuel Merino Madrid, quien le respondió, el 10 de noviembre de 2017, que los delitos por los que el gobierno de Estados Unidos solicitó su detención con fines de extradición eran graves, razón por la que debería permanecer internado en un penal de máxima seguridad.

Los recursos legales continuaron durante los siguientes meses sin ser favorables para “El Cuini”. Sin embargo, su suerte comenzó a cambiar casi un año después, el 17 de agosto 2018, cuando fue autorizado su traslado del Altiplano al Cefereso 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango, conocido por albergar a secuestradores.

EL TRASLADO

El cambio de Abigael al Cefereso de Durango fue ordenado por los exdirectores del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y del Penal del Altiplano, a través de los oficios 17127/2018 y 2275/2018. La reubicación se basaba en cinco puntos:

-Medidas de seguridad, orden y disciplina del Centro Federal de Readaptación Social número Uno “Altiplano”

-Sobrepoblación.

-Actos de ingobernabilidad consistentes en alterar el orden y la disciplina.

-El interno requiere medidas especiales de seguridad en un Centro Federal que cuente con mayores sistemas de seguridad e infraestructura, para contener los niveles clínicos criminológicos del trasladado.

-Proteger la vida e integridad del trasladado y demás personas privadas de la libertad, visitantes y personal penitenciario

Cinco días después de que fue autorizada la reubicación, el 22 de agosto de 2018, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social solicitó a un juez de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México analizar y emitir un fallo sobre el traslado. El juez dio la razón al OADPRS.

La defensa de Abigael promovió un amparo contra esa determinación en un Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito argumentando que “la mayoría de internos ahí recluidos son por el delito de secuestro, el cual es de alto impacto social, por lo que existe riesgo a su integridad física y moral, así como de su familia y defensores que lo visitan”.

Sin embargo, el Tribunal ratificó la determinación del juez. La decisión, de nuevo, fue impugnada por la defensa del capo ante un Tribunal Colegiado, quien determinó el 9 de enero de 2019 otorgar la protección de la justicia a Abigael González Valencia.

El fallo del Tribunal Colegiado ordenaba dejar insubsistente la resolución de octubre de 2018 y pedía al “Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, se declare incompetente para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado”.

La Fiscalía General de la República (FGR) se inconformó por la decisión, por lo que el 26 de febrero de 2019, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito admitió el recurso. Sin embargo, el 28 de marzo de 2019 ratificó la protección de la justicia a Abigael González Valencia, al considerar, entre otros argumentos, que el Juez Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, “carece de facultades y atribuciones para calificar de legal la determinación administrativa del traslado del quejoso a diverso centro de reclusión”.

LA LLEGADA AL RECLUSORIO NORTE: EL ACUERDO

Mientras la defensa de Abigael González Valencia, líder del Cártel de “Los Cuinis” y segundo al mando del Cártel de Jalisco Nueva Generación interponía amparos para reubicar a su cliente al Centro Federal de Readaptación Social 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, un supuesto “acuerdo” llevó al “Cuini” a dormir en el Reclusorio Norte desde el pasado 15 de febrero.

La sentencia del 28 de marzo de 2019 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito alertaba sobre la reubicación del capo.

De acuerdo con el documento consultado por LA SILLA ROTA, la defensa de Abigael González realizó un acuerdo (autoridad no especificada) para que su cliente fuera trasladado del Cefereso de Durango 14 al Reclusorio Norte.

Del supuesto “incidente” que “aparentemente” se llevó a cabo después de la resolución del 31 de octubre de 2018 emitida por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito (expediente 259/2018) tuvo conocimiento el Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quien después de solicitar “informes a diversas autoridades judiciales”, determinó que carecía de facultades para autorizar el traslado.

El juez argumentó que existían diferentes procesos penales en contra de Abigael, uno de ellos radicado en el Juzgado “Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, por lo que estimó conveniente que sea dicho juzgador federal el que se pronuncie sobre la cuestión incidental planteada por el extraditable”.

“Por escrito exhibido el 27 veintisiete de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, el quejoso Abigael González Valencia a través de su autorizado, ofreció como prueba de su parte, la documental pública, consistente en copia certificada del acuerdo de 29 veintinueve de noviembre de 2018 dos mil dieciocho, emitido por el Juez Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, en el que determinó que carece de competencia para conocer del incidente no especificado que promovió el arriba nombrado, para ser trasladado del Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce CPS-Durango, al Reclusorio Preventivo Varonil Norte”.

La resolución debía ser resuelta por el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco, sin embargo, dicho Juzgado fue dado de baja el 11 de noviembre de 2018 para dar paso al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal, según el acuerdo 38/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Acuerdo General 38/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande; la exclusión de turno de nuevos asuntos del citado órgano jurisdiccional; y su transformación e inicio de funciones en Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el mismo Estado y residencia”.

El CJF instruyó a los jueces en Puente Grande Jalisco hacer guardias para aceptar todos los incidentes que tocaban al Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales. Uno de ellos fue el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, el cual, el 8 de febrero llevó a cabo una audiencia relacionada con Abigael González Valencia, según el expediente 17/2018.

El acuerdo no está visible a petición de la defensa de Abigael; sin embargo, el lunes 11 de febrero de 2019, el sistema penitenciario fue notificado del acuerdo y del traslado del capo. Cuatro días después Abigael González Valencia llegó al Reclusorio Norte.

Su arribo fue alertado por medios de comunicación el 20 de febrero, sin embargo, hasta el pasado 20 de julio, luego de la difusión de un video en el que se alerta sobre la posible fuga de Abigael, el gobierno de la Ciudad de México implementó un dispositivo de seguridad para evitar riesgos.

"Ayer mismo pusimos un equipo especial del Comando de Operaciones Especiales en el Reclusorio Norte, está salvaguardado, estamos en coordinación con la federación, con el comisionado de Prevención y Readaptación Social, desde ayer y con la secretaria de Gobierno, así que tenemos prevista esa situación”, comentó Jesús Orta Martínez, secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México.

Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que la federación está atenta ante cualquier fuga.

"Eso son medidas que tienen que ver con la seguridad de los internos y también tiene, me impone algunas restricciones por razones de seguridad, pero estamos atentos a cualquier problema que se pudiera presentar en los penales. De momento, puedo informarles a ustedes que afortunadamente estamos sin novedad", dijo el jueves 25 de julio.

Dos días después, Israel Raúl Ramírez Juárez, uno de los abogados del detenido informó que Abigael fue reubicado del Reclusorio Norte al Altiplano, a pesar de contar con dos suspensiones en el Cuarto Tribunal Unitario de Jalisco y en el Juzgado Quinto de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México para evitar su cambio. El traslado fue confirmado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Sin embargo, debido a que “El Cuini” contaba con una suspensión de amparo para evitar su traslado a cualquier centro de reclusión del país, El juzgado Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México dio tres días a las autoridades federales para que cumplan con dicha medida, por lo que su regreso al Reclusorio Norte es casi inminente.

En la segunda de tres entregas, LA SILLA ROTA dará a conocer la relación de "El Cuini" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como parte de los relatos de diferentes testigos que han declarado en su contra ante autoridades de Estados Unidos, entre ellos, Óscar Orlando Nava Valencia “El Lobo", su antiguo aliado.


 djh